Eliminar privativa de libertad y en su lugar imponer multas para quienes difundan mensajes de odio, es la propuesta del Ejecutivo Nacional contenida en el proyecto de reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
Tal proposición fue remitida por la presidenta Delcy Rodríguez a la Asamblea Nacional el pasado 28 de septiembre y desde allí, a su vez, enviada a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sus magistrados digan si dicho texto está o no ajustado a la Carta Magna. En respuesta ello, el pasado 15 de octubre, el TSJ declaró que la reforma propuesta por la presidenta Delcy Rodríguez ‘’guarda plenitud con el ordenamiento jurídico constitucional y en consecuencia esta Sala Constitucional declara su Conformidad Constitucional… todo ello a fin de que se continúe el proceso legislativo para su discusión y aprobación ante la Asamblea Nacional’’.
Tal decisión de la Sala Constitucional está contenida en la sentencia número 1.034 en donde se encuentra inserto el texto íntegro del proyecto de reforma a la Ley contra el Odio. Allí se propone de entada, suprimir el vigente nombre pasar a renombrarla como Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia.
En la exposición de motivos del proyecto, la Jefa de Estado justifica su propuesta en que ‘’la paz social es una construcción continua que exige la actualización permanente de sus herramientas jurídicas para responder con eficacia, proporcionalidad y apego constitucional a las dinámicas cambiantes de la sociedad’’.
